:lvg: | 31/3/2011
Algunas actuaciones se demoran durante años por dificultades para identificar a los dueños y a veces hasta es preciso recurrir al juzgado
Sin llegar a constituir una avalancha, es relativamente frecuente que a los ayuntamientos lleguen quejas, presentadas por registro de entrada o trasladadas a miembros del ejecutivo, a causa del peligro o la insalubridad que suponen construcciones abandonadas y situadas en zonas habitadas, muchas veces en céntricas calles de los cascos urbanos. Aunque la ley establece que los concellos deben velar por el ornato y la seguridad de los inmuebles, lo cierto es que suelen ser las denuncias vecinales las que fuerzan a los gobiernos locales a intervenir.
Sin embargo, lograr el arreglo de edificaciones a las que se les caen las paredes, la cubierta u elementos de la fachada o, simplemente, conseguir que sus titulares las limpien, suele ser, en la mayoría de las ocasiones, una tarea ardua. Es frecuente que la compleja maraña burocrática motive que la solución tarde años en llegar.
Técnicos y responsables municipales coinciden en afirmar que los principales problemas radican en la titularidad de los inmuebles. En ocasiones están en paradero desconocido, y también son frecuentes los problemas de herencia, que motivan que los implicados no se pongan de acuerdo.
Cuando se constata el riesgo que implica una construcción para los viandantes, los concellos inician un expediente de notificación. En el caso de que la situación sea tan grave que obligue a intervenir, es preciso acudir al juzgado, ya que se trata de propiedades privadas, para obtener la autorización.
Informe en Ribeira
En la práctica totalidad de los ayuntamientos se producen situaciones de este tipo. Una de las más recientes se dio en Ribeira. Hace solo un par de semanas fue precisa la intervención de los bomberos porque parte de la cubierta de un edificio en ruinas cayó en la acera.
Fuentes del Concello indicaron que, precisamente hoy, está previsto que los técnicos inicien el expediente de ejecución para que los titulares adopten las medidas precisas para asegurar la construcción.
Por su parte, la comisión de gobierno de Boiro aprobó tres expedientes relativos a edificaciones en estado ruinoso ubicadas en Mañóns, Cabo de Cruz y Mieites. El edil de Urbanismo, Xoán León, señaló que los titulares recibirán un escrito en el que se les indicará que deben emprender las acciones necesarias para que dejen de constituir un peligro.
En el concello boirense se han tramitado en lo que va de año unos ocho expedientes de este tipo. Por lo que respecta a Porto do Son, se han cursado un par de ellos. El alcalde manifestó que sí se registran quejas ciudadanas porque, a veces, el mal estado de las casas afecta a las viviendas colindantes.
Los cascos históricos, como el de Noia, están sujetos, además de a las normas generales, a otras de carácter específico. En este caso, y según comenta el coordinador de gestión de la oficina de rehabilitación, Emilio Lourido, cada inmueble puede tener uno o varios niveles de protección.
Entre los casos que más quebraderos de cabeza está causando figura una casa emplazada en la calle Laxe. La dueña vive en Venezuela y ya se han hecho hasta cinco requerimientos. Ahora la vivienda ha sido puesta a la venta.
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Una ley del 2008 faculta a los concellos para expropiar las casas afectadas
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Sin embargo, lograr el arreglo de edificaciones a las que se les caen las paredes, la cubierta u elementos de la fachada o, simplemente, conseguir que sus titulares las limpien, suele ser, en la mayoría de las ocasiones, una tarea ardua. Es frecuente que la compleja maraña burocrática motive que la solución tarde años en llegar.
Técnicos y responsables municipales coinciden en afirmar que los principales problemas radican en la titularidad de los inmuebles. En ocasiones están en paradero desconocido, y también son frecuentes los problemas de herencia, que motivan que los implicados no se pongan de acuerdo.
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