:lvg: | 10/4/2011
Hay cuestiones especialmente tentadoras para usar en el debate político, algunas de las cuales deberían formar parte de un pacto multipartito que las excluyera. Dando por descontado que sobre el terrorismo hay un cierto entendimiento, otra materia sobre la que deberían reflexionar nuestros representantes públicos es la sanitaria, y no seré yo el que proponga la expedición de un cheque en blanco para el Gobierno de turno, sino que se establezcan unos mínimos intocables. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque todos somos potenciales usuarios del sistema de salud público, es universal, por lo tanto, de todos, de los que lo alabamos y de quienes lo criticamos, responsable o irresponsablemente; en segundo lugar, porque los 15/ nos volvemos especialmente susceptibles cada vez que nos vemos obligados a hacer uso de la sanidad, porque lo hacemos por necesidad, por enfermedad; y en tercer lugar, porque la crítica, especialmente la gratuita, genera desconfianza en el ciudadano hacia una prestación que es modélica.
Viene al caso lo anterior a resultas de la polémica que se ha generado por la intención del Sergas de ampliar, insisto, ampliar, el servicio de diálisis en el hospital comarcal de Barbanza por medio de una fundación, de forma que los pacientes que tienen que someterse a estas intervenciones podrán ser atendidos seis días a la semana, en lugar de tres, evitándose insufribles traslados a Santiago. Esto no significa la privatización de la Sanidad porque el ciudadano, el usuario, no tendrá que pagar por una asistencia que será prestada por una entidad especializada cuya calidad del servicio no puede estar en entredicho de antemano, habrá que esperar a ver cómo funciona para aplicar el calificativo adecuado.
¿Cómo es posible que lo que no es económicamente asumible para la Administración sanitaria lo sea para una fundación? Porque no busca beneficio y, lo que es más importante, los 50 euros aproximados que tiene que pagar el Sergas en material fungible por cada sesión de diálisis se reducen a 14 cuando el adquiriente es una organización especializada. Esto se debe a que los proveedores suelen vender más caro a la Administración que a las organizaciones no públicas porque penalizan la tardanza en los cobros; y, por otro lado, si se trata de una entidad que consume muchos fungibles, obtiene sustanciales descuentos por compras de grandes cantidades. Solo es cuestión de hacer cuentas para concluir que concertar el servicio a una fundación externa supondrá al Sergas tal ahorro que por el mismo coste que le suponen los tres días de atención actuales puede ampliar el servicio al doble, es decir, a seis jornadas por semana.
La prestación del servicio de diálisis por parte de una fundación no supondrá una reducción de personal en el Hospital de Barbanza, sino la recolocación de los profesionales que actualmente se encargan de estas funciones. Es comprensible que sindicatos y profesionales de la salud pongan el grito en el cielo, porque su intención es que se incrementen las plantillas, pero en los tiempos que corren eso es imposible porque, lamentablemente, la Administración tiene telarañas en la caja y la nómina de funcionarios en nuestro país es tan extensa que ruboriza a Europa; valga como ejemplo que la principal economía continental, Alemania, tiene la mitad de empleados públicos que España, pese a que la primera cuenta con casi el doble de habitantes.
Viendo asimismo lo que está sucediendo en Cataluña con la sanidad, con el anuncio de drásticos recortes en gastos y personal, me pregunto si no es mejor aceptar una solución intermedia, como sería la concesión del servicio de diálisis a una fundación seis días a la semana, o que quede como está: con tres jornadas de atenciones; y las demás, carretera a Santiago.
Viene al caso lo anterior a resultas de la polémica que se ha generado por la intención del Sergas de ampliar, insisto, ampliar, el servicio de diálisis en el hospital comarcal de Barbanza por medio de una fundación, de forma que los pacientes que tienen que someterse a estas intervenciones podrán ser atendidos seis días a la semana, en lugar de tres, evitándose insufribles traslados a Santiago. Esto no significa la privatización de la Sanidad porque el ciudadano, el usuario, no tendrá que pagar por una asistencia que será prestada por una entidad especializada cuya calidad del servicio no puede estar en entredicho de antemano, habrá que esperar a ver cómo funciona para aplicar el calificativo adecuado.
¿Cómo es posible que lo que no es económicamente asumible para la Administración sanitaria lo sea para una fundación? Porque no busca beneficio y, lo que es más importante, los 50 euros aproximados que tiene que pagar el Sergas en material fungible por cada sesión de diálisis se reducen a 14 cuando el adquiriente es una organización especializada. Esto se debe a que los proveedores suelen vender más caro a la Administración que a las organizaciones no públicas porque penalizan la tardanza en los cobros; y, por otro lado, si se trata de una entidad que consume muchos fungibles, obtiene sustanciales descuentos por compras de grandes cantidades. Solo es cuestión de hacer cuentas para concluir que concertar el servicio a una fundación externa supondrá al Sergas tal ahorro que por el mismo coste que le suponen los tres días de atención actuales puede ampliar el servicio al doble, es decir, a seis jornadas por semana.
La prestación del servicio de diálisis por parte de una fundación no supondrá una reducción de personal en el Hospital de Barbanza, sino la recolocación de los profesionales que actualmente se encargan de estas funciones. Es comprensible que sindicatos y profesionales de la salud pongan el grito en el cielo, porque su intención es que se incrementen las plantillas, pero en los tiempos que corren eso es imposible porque, lamentablemente, la Administración tiene telarañas en la caja y la nómina de funcionarios en nuestro país es tan extensa que ruboriza a Europa; valga como ejemplo que la principal economía continental, Alemania, tiene la mitad de empleados públicos que España, pese a que la primera cuenta con casi el doble de habitantes.
Viendo asimismo lo que está sucediendo en Cataluña con la sanidad, con el anuncio de drásticos recortes en gastos y personal, me pregunto si no es mejor aceptar una solución intermedia, como sería la concesión del servicio de diálisis a una fundación seis días a la semana, o que quede como está: con tres jornadas de atenciones; y las demás, carretera a Santiago.
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