13 mayo 2013

647 irregularidades en el Plan E en Galicia

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El Tribunal de Cuentas desvela numerosas deficiencias en los más de 2.600 proyectos, que costaron 490 millones de euros

El primer Plan E, el que sembró Galicia con 490 millones de euros extra para hacer obras en todos los ayuntamientos, dejó detrás de sí un reguero de irregularidades, incumplimientos administrativos, engaños sobre el número de parados contratados y hasta instalaciones cerradas, cuando no gravemente deterioradas. La reflexión la hace a lo largo de más de trescientas páginas el Tribunal de Cuentas, que identifica hasta 647 anomalías en la tramitación de los proyectos realizados en Galicia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) con el que el Gobierno Zapatero pensó que podría incentivar el empleo y la inversión local.

Al tribunal no le hace falta analizar siquiera los 2.632 proyectos tramitados en la comunidad durante el 2009 y el 2010, sino que con un examen aleatorio concluye que Galicia fue la comunidad que menos tiempo empleó en sopesar sus proyectos; donde sus ayuntamientos menos publicidad dieron a sus contrataciones, o donde existe el mayor número de casos sospechosos de haber sido fragmentados para eludir la obligación de someterlos a procedimientos de adjudicación abiertos.

La lista de irregularidades detectada pone el grito legal en el cielo a la hora de explicar el caso de la piscina y spa de Malpica, abierta solo durante una campaña electoral tras costar 1,38 millones y acumular media docena de anomalías en su tramitación. Pero el dictamen también explica con contundencia que A Coruña fue la ciudad donde más proyectos no tuvieron supervisión pública, o que Cambre, Lugo, Dozón, Vila de Cruces, Carnota o Coristanco, entre otras, abusaron de la concentración de obras en escasas empresas.

Sobrecoste sin justificación

La construcción del polideportivo de Mesoiro, en A Coruña, sirve al tribunal para señalarlo como ejemplo de una adjudicación de obra por un precio más bajo que el previsto, para con diversas modificaciones posteriores acabar costando lo inicialmente planeado y ofrecido por otras empresas. La justificación de que la configuración del subsuelo no era la prevista sirvió, como apunta el dictamen, para aumentar la cuantía del contrato «pero no supone una causa imprevisible sino imprevista» por parte del Concello, recalca el fallo.

El retraso en el comienzo de las obras, que no existiesen actas de replanteo de las mismas, o se demorasen los pagos del dinero ya librado desde Madrid, aportan en Galicia un listado de hasta 64 casos, de los que sobresalen la sustitución de la cubierta de un pabellón en Cambre, que tardó 15 meses en iniciarse, como otro año tuvo que aguardar el arranque del carril bici de Caranza, o 11 un centro social en Sobrado.

El pabellón vigués de Navia es de las obras con lista propia, al protagonizar un «retraso significativo» en el pago de las certificaciones, haberse realizado en él modificaciones no solicitadas, no haberse controlado la contratación de personal y no presentar la documentación de los trabajadores de la obra.

Pero hablando de descontrol laboral e incumplimiento de la obligación de contratar desempleados sobresalen Arzúa, donde no se contrató a ninguno de los ocho parados comprometidos para rehabilitar un local social, como también ocurrió en Narón en obras de saneamiento; en Burela, en la reforma de una de sus avenidas, y en Lourenzá, Palas, Ourense (en el mismo consistorio), o en Parada.

Sin penalizaciones

Hasta 154 proyectos de 24 ayuntamientos gallegos ni previeron, como exigía el Plan E, penalizaciones a los contratistas que no empleasen a parados, y una veintena de realizaciones más se hicieron con pliegos en los que no constaba su coste o el de la redacción de los trabajos.

Y al margen del fracaso del spa de Malpica, idéntico al que se vive en la piscina de Redondela, o con un colector de Valdoviño, todos sin usos como señala el Tribunal de Cuentas, el polideportivo de Mesoiro, con un retraso de 321 días, o las piscina de O Carballiño, otros 274, destacan en el ránking nacional de la lentitud, quizás menos grave que los casos del arreglo de fachadas del barrio ferrolano de Recimil, la reparación del carril bici de la misma ciudad, una nave municipal en Muros o la reforma del tanatorio de Ordes, donde se adjudicaron los contratos antes de que fueran aprobados sus expedientes.

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