:lvg: | 17/10/2010
La firma amenaza con añadir al déficit una indemnización por perjuicios
Cuestión de pasta. Si no bastaba con soportar el peso de la espada de Damocles que en forma de sentencia judicial ha ordenado la paralización de toda actividad en la planta lousamiana de Servia, ahora el vil metal vuelve a cobrar fuerza en medio de todas las polémicas surgidas, siendo la cifra que según la firma concesionaria de esta explotación -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- se adeuda, muy superior a la que en su día se hizo pública por parte de la Mancomunidade Serra do Barbanza. Y es que es esta empresa nacional la que incluye en el escrito de resolución de contrato, enviado a la mancomunidad el pasado 29 de julio, una deuda total de 7.224.945 euros.
En román paladino esta cifra supera a la hecha pública en su día por la entidad barbanzana, que la situaba en aquel momento en 2.700.000 euros. Una cantidad que hay que decir ya se ha reducido con un pago hace escasos días, y que estaba previsto volver a rebajar, sino en los últimos días de esta semana, en los primeros de la que arranca mañana.
Y es que el ultimátum que FCC dio a Serra do Barbanza surtió un efecto más que inmediato, ya que sus integrantes aceptaron sin discusiones seguir abonando de forma trimestral una serie de pagos que saldrían de las retenciones de dinero que reparte el Fondo de Compensación Local a los ayuntamientos que más endeudados se encontraban antes de iniciar esta fórmula de financiación.
El desglose
Según explicaron fuentes de Serra do Barbanza, la cantidad que FCC solicitó en el escrito de resolución de contrato -7,2 millones- incluye además de los pagos atrasados por la explotación y sus intereses, la deuda contraída con el nacimiento de la planta. Y es que tal y como añadieron, «la planta de Servia fue posible construirla gracias tanto al dinero procedente de la Unión Europea como al que adelantó FCC a través de un crédito y que tal y como se acordó sería devuelto a plazos por la mancomunidad».
Este es el razonamiento que desde la entidad que representa a cerca de 85.000 personas se hacen para intentar digerir las siete cifras remitidas desde la actual empresa gestora de Servia. Otro punto que ha causado perplejidad entre los integrantes de la mancomunidad que agrupa a un total de nueve concellos, es el aviso que hace FCC sobre la posibilidad de extender la deuda «al resarcimiento de perjuicios». Las mismas fuentes de Serra do Barbanza reconocían que «esto no tiene mucho sentido ya que aun encima de abandonar la explotación pretenden sacar tajada».
Sobre la posibilidad de conocer la cuantía a la que podría llegar esta indemnización con la amenazan en el texto de resolución, un integrante de la mancomunidad afirmaba que «eso es difícil de saber aunque puede que FCC haga un cálculo de las ganancias que estima podrían llegar a obtener durante los 13 años que todavía le restan de contrato, para exigirlas de manera compensatoria».
Ahora, y a falta de que los 150 trabajadores de la planta de compostaje de Servia -junto a miembros de la asociación ecologista Adega- se movilicen el martes hasta Santiago para concentrarse frente a la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas, solo queda esperar a que FCC mueva ficha, ya que son numerosas las pelotas que en las últimas semanas todas las partes implicadas han colocado sobre su tejado.
Cuestión de pasta. Si no bastaba con soportar el peso de la espada de Damocles que en forma de sentencia judicial ha ordenado la paralización de toda actividad en la planta lousamiana de Servia, ahora el vil metal vuelve a cobrar fuerza en medio de todas las polémicas surgidas, siendo la cifra que según la firma concesionaria de esta explotación -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- se adeuda, muy superior a la que en su día se hizo pública por parte de la Mancomunidade Serra do Barbanza. Y es que es esta empresa nacional la que incluye en el escrito de resolución de contrato, enviado a la mancomunidad el pasado 29 de julio, una deuda total de 7.224.945 euros.
En román paladino esta cifra supera a la hecha pública en su día por la entidad barbanzana, que la situaba en aquel momento en 2.700.000 euros. Una cantidad que hay que decir ya se ha reducido con un pago hace escasos días, y que estaba previsto volver a rebajar, sino en los últimos días de esta semana, en los primeros de la que arranca mañana.
Y es que el ultimátum que FCC dio a Serra do Barbanza surtió un efecto más que inmediato, ya que sus integrantes aceptaron sin discusiones seguir abonando de forma trimestral una serie de pagos que saldrían de las retenciones de dinero que reparte el Fondo de Compensación Local a los ayuntamientos que más endeudados se encontraban antes de iniciar esta fórmula de financiación.
El desglose
Según explicaron fuentes de Serra do Barbanza, la cantidad que FCC solicitó en el escrito de resolución de contrato -7,2 millones- incluye además de los pagos atrasados por la explotación y sus intereses, la deuda contraída con el nacimiento de la planta. Y es que tal y como añadieron, «la planta de Servia fue posible construirla gracias tanto al dinero procedente de la Unión Europea como al que adelantó FCC a través de un crédito y que tal y como se acordó sería devuelto a plazos por la mancomunidad».
Este es el razonamiento que desde la entidad que representa a cerca de 85.000 personas se hacen para intentar digerir las siete cifras remitidas desde la actual empresa gestora de Servia. Otro punto que ha causado perplejidad entre los integrantes de la mancomunidad que agrupa a un total de nueve concellos, es el aviso que hace FCC sobre la posibilidad de extender la deuda «al resarcimiento de perjuicios». Las mismas fuentes de Serra do Barbanza reconocían que «esto no tiene mucho sentido ya que aun encima de abandonar la explotación pretenden sacar tajada».
Sobre la posibilidad de conocer la cuantía a la que podría llegar esta indemnización con la amenazan en el texto de resolución, un integrante de la mancomunidad afirmaba que «eso es difícil de saber aunque puede que FCC haga un cálculo de las ganancias que estima podrían llegar a obtener durante los 13 años que todavía le restan de contrato, para exigirlas de manera compensatoria».
Ahora, y a falta de que los 150 trabajadores de la planta de compostaje de Servia -junto a miembros de la asociación ecologista Adega- se movilicen el martes hasta Santiago para concentrarse frente a la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas, solo queda esperar a que FCC mueva ficha, ya que son numerosas las pelotas que en las últimas semanas todas las partes implicadas han colocado sobre su tejado.
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