España celebra hoy el día de la Constitución, pero, ¿nos protege por igual a todos los españoles y españolas?URBANISMO, LA ASIGNATURA PENDIENTE
CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Quienes visitan el Castro de Baroña, aparte de detectar el abandono que sufrió por parte los políticos, muchos se preguntan ¿quién permitió levantar ese macro-edificio en sus inmediaciones y por qué Costas no actúa como en otras zonas, menos emblemáticas?.
Galicia contabiliza en solo cinco años 229 demoliciones de obras ilegales
La Xunta advierte de que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio entre la población
La ejecución de derribos cobra fuerza en la comunidad tras décadas en las que reinó la anarquía urbanística
La anarquía inmobiliaria que padeció la Galicia interior y costera durante décadas dejó un paisaje cuajado de infracciones urbanísticas; perpetradas por alcaldes, concejales, promotores, constructores y particulares, camparon a sus anchas durante años, con total impunidad. El resultado es un territorio invadido de atropellos constructivos, algunos en espacios protegidos, y una geografía caracterizada por el desorden urbanístico. En los ochenta se transfirieron a Galicia las competencias en esta materia. Y desde entonces hasta el 2007, pese a la multitud de desmanes esparcidos por la comunidad, solo se produjeron nueve demoliciones ejecutadas por la Xunta y todas en suelo rústico, donde tiene competencias. Hasta entonces, el resto de derribos -algunos de gran impacto, como el edificio de la playa de Areoura (Viveiro), en el 2002- corrieron a cargo de la Dirección General de Costas.
Tras décadas en las que ha imperado la anarquía y una sensación generalizada de impunidad, en Galicia han comenzado en los últimos años a coger fuerza las demoliciones de construcciones ilegales. Y no tanto por parte del Ministerio de Medio Ambiente en lo que concierne a la costa -su ámbito de competencia- sino a la Administración gallega. Para comprender ese cambio hay que remontarse a la Lei do Solo del 2002, que establece por vez primera la prohibición de construir viviendas en suelo rústico y que recoge el desarrollo de un instrumento que puso en marcha el bipartito: la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). En el 2008 ejecutó solo siete derribos, al siguiente 32 y en este 2010 se han contabilizado ya 30. Si a esto se suman las demoliciones efectuadas por Costas desde el 2005 -40 entre naves y edificaciones, más 120 derribos de casetas, galpones y servicios de temporada- el resultado es que solo en el último lustro se han eliminado del paisaje gallego 229 edificaciones irregulares en el interior y en la franja costera.
Surge la duda de por qué los derribos empiezan a ejecutarse con regularidad en el 2008, años después de la aprobación de la normativa gallega de suelo. «Esto se explica, en parte, por el procedimiento: una vez que la vía administrativa es firme, los sancionados van al contencioso, con lo que los procesos se alargan hasta 6 años o más; ahora se están demoliendo edificaciones que vienen de procesos sancionadores iniciados en el 2003», explican desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
La Xunta recuerda que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio en la población. Y precisa que también hay casos de particulares que no acuden al contencioso y ciudadanos que optan por la demolición voluntaria.
Relacionadas
El Gobierno gallego ha culminado menos de la cuarta parte de los derribos previstos por la Agencia hace un año
«Yo cometí un error, pero me están arruinando la vida: me piden una multa de 500.000 euros»
«Demolieron, sí, ¿pero para qué?, ¿para una autopista? Para nada»
Derribados tres chalés en O Son
Tras casi tres años de espera y de obras inconclusas, las máquinas derribaron los chalés ayer por la tarde por propia iniciativa de sus propietarios. Estos estaban apercibidos de una sanción que oscilaba entre los 60.000 a 600.000 euros. La delegación provincial del Servicio de Urbanismo e Inspección Territorial de la Xunta resolvió el 27 de septiembre de 2006 la paralización de la actividad de estas construcciones e incoar los expedientes de reposición de la legalidad urbanística.
Según la orden de ejecución, la demolición era la única solución ya que los tres chalés estaban situados en una zona costera paisajística a muy pocos metros de la playa careciendo de licencia. Las edificaciones constaban de bajo y una planta.
El permiso para galpón fue concedido por decreto de la alcaldía sonense de 9 y 25 de julio de 2001 y consistía en realizar tres edificaciones de 50 metros cuadrados. Los propietarios interpusieron recursos de reposición que fueron rechazados por la Consellería de Política Territorial.
El alcalde de O Son, Manuel Tomé Piñeiro, indicó que estas son las consecuencias del urbanismo que se estuvo practicando en este municipio durante el mandato del socialista Ramón Quintáns Vila, su antecesor en el cargo. "Ahora debe explicar las consecuencias que estas ejecuciones van a tener para los vecinos afectados", señaló el mandatario municipal sonense.
Por su parte, el responsable de Adega en Santiago, Fins Eirexas, señaló que en Porto do Son "hay casos muy evidentes de que están infringiendo la ley y no nos extraña que la Administración decida tirar algunas casas". El ecologista se preguntó ahora "de quién es la responsablidad de estos derribos... ¿del político que miró para otro lado o el propietario que asumió el riesgo que la Administración le pillara en un renuncio? Es un asunto muy complicado", concluyó. Lamentó, no obstante, que en último término sean los vecinos los que paguen las consecuencias "pero quien debe tomar nota es el Ayuntamiento que concedió licencias a sabiendas de que no iban a tener ese destino".
"Incumplir la ley tiene unas consecuencias", manifestó Fins Eirexas, "pese que en algunas ocasiones los propietarios obraron a buena fe mientras que la persona que les dio la licencia se va a ir de rositas sin pagar su responsabilidad".
En la actualidad hay 55 propietarios que están a la espera de que se resuelva su expediente y que seguramente en la mayor parte de los casos la decisión será la demolición. Estas viviendas se encuentran a muy poca distancia del mar.
Promotores desconocidos
En 33 casos figuraban en el expediente los promotores como desconocidos lo que retrasa, si cabe, aún más la emisión de una resolución. Entre las edificaciones expedientadas también figuraban unos inmuebles auxiliares de un camping, en Xuño, y un movimiento de tierras.
Al igual que Adega, el Partido Popular se interesó por aquel entonces, a través de su portavoz, Antonio González Groveiro, por la situación de estas viviendas que estaban infringiendo la ley de Costas en el municipio de Porto do Son.
Resulta cuando menos curioso que en su día el BNG y la señora Franco no se pronunciasen sobre estas construcciones, a pesar de que levantarse en su parroquia.
0 comentarios:
Publicar un comentario