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En la actualidad hay varios expedientes abiertos en el municipio por la Axencia da Legalidade Urbanística, pero ninguna orden de derribo.
Toda la información en el periódico.
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09 noviembre 2012
22 noviembre 2011
O Son: chalé tirado pero no 'retirado'
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En Porto do Son hay más de un centenar de chalés ilegales construidos por el pasotismo de un exalcalde juzgado en las urnas y aún no en los juzgados. Disciplina urbanística actúa, pero no con la diligencia debida, como se evidencia en la foto, donde los escombros no fueron retirados tras el preceptivo derribo.
30 abril 2011
El Concello de O Son suspende la licencia de 28 viviendas
:ecg: | 30/04/2011
La paralización es a raíz de la denuncia de una vecina por no adaptarse a la normativa
El alcalde de Porto do Son, Xoán Pastor Rodríguez, anunció ayer la suspensión de dos licencias, concedidas en 2007, de sendas obras que se están realizando en O Mariño, en Portosín, y que suponen la construcción de dos bloques de un total de 28 viviendas, que están promovidos por una cooperativa. El mandatario municipal explicó que la paralización decretada por el acuerdo de la junta de gobierno municipal del pasado día 7 se debe a instancias de una denuncia presentada por una vecina del lugar en el que se está llevando a cabo la actuación, Carmen Calo Outón, por no adaptarse supuestamente la misma a la normativa urbanística vigente en esa zona.
Pastor Rodríguez indicó que estas licencias de obra fueron las únicas de este tipo que concedió el equipo de gobierno del PP de Porto do Son "e que demostran unha vez máis a súa mala xestión ao frente do Urbanismo do Concello". El regidor subrayó que si el juzgado considera que la licencia no fue bien otorgada le puede suponer al Concello "unha indenización de cinco millóns de euros".
El gobierno municipal sonense tuvo en cuenta los informes tanto de la arquitecta municipal como de una empresa jurídica ajena al Concello para ordenar la suspensión de los efectos de las licencias 537/2007 y 538/2007, paralización de las obras y remisión del acto administrativo al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo a instancias de dicha vecina.
Al parecer, la obra no cumple lo establecido en la norma respecto a la ocupación unitaria del parcelario existente, ya que en lugar de una edificación existen dos volúmenes proyectados. Además, la parcela en la que se ubican las construcciones se encuadra en el tipo 1 correspondiéndole una tipología de vivienda unifamiliar aislada con una edificabilidad de 0,4 m2/m2 y una ocupación máxima del 30 por ciento, según lo dispuesto en los artículos 148 y 152 de las Normas Subsidiarias del Concello.
Según fuentes municipales, la edificabilidad recogida en el proyecto supera los citados 0,4 m2/m2, y la ocupación es de 722,25 metros cuadrados, lo que supone un 38,62 por ciento de la parcela superando un 30% el máximo permitido.
De la misma forma, supuestamente las edificaciones superan la altura máxima permitida en el alzado posterior, contando así con bajo más dos pisos y bajo cubierta. Tampoco queda claro el cumplimiento del retranqueo, ya que no se grafía la acera en el proyecto.
Según las fuentes municipales consultadas, una amplísima interpretación de las normas es lo que ha permitido la concesión de las licencias, puesto que éstas parecen serlo para viviendas plurifamiliares con apariencia de adosados configurando un supuesto de propiedad horizontal tumbada.
Ahora, los promotores pueden presentar las alegaciones oportunas, aunque será el juzgado el que tenga la última palabra.
El alcalde de Porto do Son, Xoán Pastor Rodríguez, anunció ayer la suspensión de dos licencias, concedidas en 2007, de sendas obras que se están realizando en O Mariño, en Portosín, y que suponen la construcción de dos bloques de un total de 28 viviendas, que están promovidos por una cooperativa. El mandatario municipal explicó que la paralización decretada por el acuerdo de la junta de gobierno municipal del pasado día 7 se debe a instancias de una denuncia presentada por una vecina del lugar en el que se está llevando a cabo la actuación, Carmen Calo Outón, por no adaptarse supuestamente la misma a la normativa urbanística vigente en esa zona.
Pastor Rodríguez indicó que estas licencias de obra fueron las únicas de este tipo que concedió el equipo de gobierno del PP de Porto do Son "e que demostran unha vez máis a súa mala xestión ao frente do Urbanismo do Concello". El regidor subrayó que si el juzgado considera que la licencia no fue bien otorgada le puede suponer al Concello "unha indenización de cinco millóns de euros".
El gobierno municipal sonense tuvo en cuenta los informes tanto de la arquitecta municipal como de una empresa jurídica ajena al Concello para ordenar la suspensión de los efectos de las licencias 537/2007 y 538/2007, paralización de las obras y remisión del acto administrativo al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo a instancias de dicha vecina.
Al parecer, la obra no cumple lo establecido en la norma respecto a la ocupación unitaria del parcelario existente, ya que en lugar de una edificación existen dos volúmenes proyectados. Además, la parcela en la que se ubican las construcciones se encuadra en el tipo 1 correspondiéndole una tipología de vivienda unifamiliar aislada con una edificabilidad de 0,4 m2/m2 y una ocupación máxima del 30 por ciento, según lo dispuesto en los artículos 148 y 152 de las Normas Subsidiarias del Concello.
Según fuentes municipales, la edificabilidad recogida en el proyecto supera los citados 0,4 m2/m2, y la ocupación es de 722,25 metros cuadrados, lo que supone un 38,62 por ciento de la parcela superando un 30% el máximo permitido.
De la misma forma, supuestamente las edificaciones superan la altura máxima permitida en el alzado posterior, contando así con bajo más dos pisos y bajo cubierta. Tampoco queda claro el cumplimiento del retranqueo, ya que no se grafía la acera en el proyecto.
Según las fuentes municipales consultadas, una amplísima interpretación de las normas es lo que ha permitido la concesión de las licencias, puesto que éstas parecen serlo para viviendas plurifamiliares con apariencia de adosados configurando un supuesto de propiedad horizontal tumbada.
Ahora, los promotores pueden presentar las alegaciones oportunas, aunque será el juzgado el que tenga la última palabra.
Acusar de mala gestión a su antecesor, cuando de todos es sabido que hay sentencias condenatorias por actuaciones de su compañero de grupo en materia urbanística, es querer rizar el rizo y más, sabiendo que formaba parte de su gobierno. Pero bueno, en política todo es posible y habría que saber donde estaba la oposición cuando se otorgó la licencia de esta urbanización.
08 abril 2011
En huelga de hambre ante el Ayuntamiento de Vigo para impedir el derribo de su casa
:ecg: | 08/04/2011
Eduardo Fernández, que cobra una pensión de invalidez de poco más de 500 euros, vive en esa casa con su mujer, que también tiene una discapacidad, y con sus dos hijos de seis y 11 años
Un vecino de la parroquia viguesa de Teis ha iniciado este jueves una huelga de hambre ante el Ayuntamiento de la ciudad para pedir el "indulto" al juez que ordenó en una sentencia la demolición de parte de su casa, por la realización de una obra sin licencia urbanística.
Eduardo Fernández, que cobra una pensión de invalidez de poco más de 500 euros, vive en esa casa con su mujer --que también tiene una discapacidad-- y con sus dos hijos de seis y 11 años, y reconoce que construyó "una planta más" en su vivienda "para convertirla en una casa digna, porque era una chabola".
Hace unos cinco años terminó esos trabajos y fue entonces cuando una vecina, que además es su tía, le denunció ante la Gerencia de Urbanismo. El pleito acabó con una sentencia de demolición y, pese a los recursos, Eduardo no ha logrado que se dé marcha atrás en esa orden de derribo, por lo que ha iniciado esta huelga para pedir "solidaridad".
De hecho, tiene de plazo hasta el 29 de abril a las 9.00 horas, momento en que, si él no lo ha hecho antes, el Ayuntamiento deberá iniciar las obras de demolición. Dichos trabajos deberán ser costeados por este vecino y han sido valorados en casi 11.000 euros, una cantidad que Eduardo Fernández insiste en que no tiene.
Este vecino de la calle Gondesende ha reconocido que "la obra es ilegal" y ha pedido "perdón" por haber llevado a cabo la ampliación de su vivienda en altura sin la obligatoria licencia, aunque ha insistido en que esa ampliación tenía como finalidad disponer de una casa con espacio para él y su familia.
"Pido el indulto y pido perdón porque me equivoqué, pero también estoy muy orgulloso porque lo que hice fue construir una vivienda digna para mis hijos", ha proclamado.
Un vecino de la parroquia viguesa de Teis ha iniciado este jueves una huelga de hambre ante el Ayuntamiento de la ciudad para pedir el "indulto" al juez que ordenó en una sentencia la demolición de parte de su casa, por la realización de una obra sin licencia urbanística.
Eduardo Fernández, que cobra una pensión de invalidez de poco más de 500 euros, vive en esa casa con su mujer --que también tiene una discapacidad-- y con sus dos hijos de seis y 11 años, y reconoce que construyó "una planta más" en su vivienda "para convertirla en una casa digna, porque era una chabola".
Hace unos cinco años terminó esos trabajos y fue entonces cuando una vecina, que además es su tía, le denunció ante la Gerencia de Urbanismo. El pleito acabó con una sentencia de demolición y, pese a los recursos, Eduardo no ha logrado que se dé marcha atrás en esa orden de derribo, por lo que ha iniciado esta huelga para pedir "solidaridad".
De hecho, tiene de plazo hasta el 29 de abril a las 9.00 horas, momento en que, si él no lo ha hecho antes, el Ayuntamiento deberá iniciar las obras de demolición. Dichos trabajos deberán ser costeados por este vecino y han sido valorados en casi 11.000 euros, una cantidad que Eduardo Fernández insiste en que no tiene.
Este vecino de la calle Gondesende ha reconocido que "la obra es ilegal" y ha pedido "perdón" por haber llevado a cabo la ampliación de su vivienda en altura sin la obligatoria licencia, aunque ha insistido en que esa ampliación tenía como finalidad disponer de una casa con espacio para él y su familia.
"Pido el indulto y pido perdón porque me equivoqué, pero también estoy muy orgulloso porque lo que hice fue construir una vivienda digna para mis hijos", ha proclamado.
Con esta entrada trato de dar "voz" a Eduardo Fernández y su familia, a quien la Justicia mide de distinta forma a otros que cometieron peores ilegalidades. Sin salirnos de Vigo, son varios los edificios sobre los que pesa la piqueta, para los que la autoridades de turno (PSOE y BNG) están buscando un resquicio legal para poder legalizarlas, so pena de tener que pagar indemnizaciones millonarias, porque antes ellos y otros miraron para otro lado.
Pero no hace falta desplazarnos a Vigo para ver como aquí, según varias sentencias también tenemos varias construcciones ilegales y ahí siguen en pie. Esta familia, que reconoce que cometió dicha falta, con ellos la Justicia se muestra más que implacable. Ojalá que cundiera el ejemplo, pero no lo verán nuestros ojos, así como vemos ahora en plena plaza de España una casa que tenía un bajo y una planta, a la que se le añadieron tres pisos más y otro bajo cubierta. Cumplirá "estrictamente", pero en casos parecidos no era lo que decía antes el BNG cuando era el azote del señor Quintáns.
25 febrero 2011
Tomé pregunta por una sentencia que anuló una licencia de obra en O Son
:ecg: | 25/02/2011
El portavoz del PP considera que el gobierno local ofreció "nula información"
El portavoz del PP sonense, Manuel Tomé, se dirigió al alcalde para solicitar información sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló una licencia de obra para una vivienda unifamiliar al estimar el recurso interpuesto por la Xunta de Galicia contra dicha concesión. El concejal popular explica que el permiso fue concedido en su día durante el mandato del ex regidor y actual concejal de Cultura, Ramón Quintáns.
Tomé señala que ha decidido solicitar copia de la sentencia a la vista de la "nula información" que el gobierno municipal, formado por PSOE y BNG, "aportou aos distintos grupos políticos que conforman os distintos grupos políticos municipais".
El portavoz del PP también hace referencia a unas palabras que Quintáns realizó a la prensa en la que dice que todas las licencias durante su mandato fueron concedidas ajustándose a los informes técnicos y jurídicos respectivos a cada una de ellas. Por ello, también solicita una copia del los informes técnico y jurídico de dicho permiso.
El portavoz del PP sonense, Manuel Tomé, se dirigió al alcalde para solicitar información sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló una licencia de obra para una vivienda unifamiliar al estimar el recurso interpuesto por la Xunta de Galicia contra dicha concesión. El concejal popular explica que el permiso fue concedido en su día durante el mandato del ex regidor y actual concejal de Cultura, Ramón Quintáns.
Tomé señala que ha decidido solicitar copia de la sentencia a la vista de la "nula información" que el gobierno municipal, formado por PSOE y BNG, "aportou aos distintos grupos políticos que conforman os distintos grupos políticos municipais".
El portavoz del PP también hace referencia a unas palabras que Quintáns realizó a la prensa en la que dice que todas las licencias durante su mandato fueron concedidas ajustándose a los informes técnicos y jurídicos respectivos a cada una de ellas. Por ello, también solicita una copia del los informes técnico y jurídico de dicho permiso.
Que el PSOE oculte presuntamente información a la oposición sobre una sentencia que deja muy mal parado al señor Quintáns y a su equipo que otorgó esta licencia en el año 2002 y que ahora fue declarada nula, se puede incluso entender, ¿pero que tiene que ocultar la señora Franco y el BNG?. ¿Estando en la oposición no criticaba este tipo de licencias?. ¿Compartiría el mismo tipo de censura, si esa vivienda perteneciese a familiares vinculados con el PP o el PSOE?.
¿Es mejor dejar de vivir a cuenta del pueblo de Porto do Son y caminar con la frente alta, o caminar con la cabeza agachada por culpa de las irregularidades cometidas por otros?.
16 febrero 2011
Declarada nula la licencia de una casa que dio el Concello de O Son
:lvg: | 16/2/2011
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó el recurso de apelación formulado por la Xunta de Galicia, en el que declara nula la concesión de una licencia por parte del Concello de Porto do Son para la construcción de una vivienda unifamiliar en el término municipal. Contra la sentencia no cabe recurso ordinario alguno, según se especifica en el fallo del Tribunal Superior.
La Xunta de Galicia presentó un recurso de apelación contra una sentencia del 4 de enero del 2010 que declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Administración gallega por falta de legitimación.
En el fallo se hace mención a que el planeamiento municipal vigente cuando se concedió la mencionada licencia, clasificaba el suelo donde se proyectó la construcción de la edificación como no urbanizable común, equivalente a rústico común.
Por otra parte, cabe indicar que en la sentencia se especifica que la ley de 1997 disponía que los terrenos así clasificados, en tanto mantuviesen ese carácter, solo podrían ser destinados a usos característicos del medio rural, vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. También se hace mención a que en las normas subsidiarias de Porto do Son solo se permiten en suelo no urbanizable común las viviendas unifamiliares vinculadas a explotaciones agropecuarias y esta vinculación no figuraba en el proyecto presentado para la concesión de la licencia.
Por último, el ex alcalde, Ramón Quintáns Vila, manifestó que todas las licencias se concedieron ajustándose a los informes de los técnicos y jurídicos emitidos.
La Xunta de Galicia presentó un recurso de apelación contra una sentencia del 4 de enero del 2010 que declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Administración gallega por falta de legitimación.
En el fallo se hace mención a que el planeamiento municipal vigente cuando se concedió la mencionada licencia, clasificaba el suelo donde se proyectó la construcción de la edificación como no urbanizable común, equivalente a rústico común.
Por otra parte, cabe indicar que en la sentencia se especifica que la ley de 1997 disponía que los terrenos así clasificados, en tanto mantuviesen ese carácter, solo podrían ser destinados a usos característicos del medio rural, vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. También se hace mención a que en las normas subsidiarias de Porto do Son solo se permiten en suelo no urbanizable común las viviendas unifamiliares vinculadas a explotaciones agropecuarias y esta vinculación no figuraba en el proyecto presentado para la concesión de la licencia.
Por último, el ex alcalde, Ramón Quintáns Vila, manifestó que todas las licencias se concedieron ajustándose a los informes de los técnicos y jurídicos emitidos.
Parece que la Justicia comienza a aparcar a un lado el estatus social de la gente y no cierra los ojos como en otros casos muy sangrantes. El político de turno, en este caso el señor Quintáns, como siempre echando balones fuera y culpando a sus subordinados, olvidándose que su firma siempre era la última. Es raro que hoy no salga en algún diario junto a sus compañeros de pernada mostrando esta resolución.
06 diciembre 2010
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
España celebra hoy el día de la Constitución, pero, ¿nos protege por igual a todos los españoles y españolas?URBANISMO, LA ASIGNATURA PENDIENTE
CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Quienes visitan el Castro de Baroña, aparte de detectar el abandono que sufrió por parte los políticos, muchos se preguntan ¿quién permitió levantar ese macro-edificio en sus inmediaciones y por qué Costas no actúa como en otras zonas, menos emblemáticas?.
Galicia contabiliza en solo cinco años 229 demoliciones de obras ilegales
La Xunta advierte de que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio entre la población
La ejecución de derribos cobra fuerza en la comunidad tras décadas en las que reinó la anarquía urbanística
La anarquía inmobiliaria que padeció la Galicia interior y costera durante décadas dejó un paisaje cuajado de infracciones urbanísticas; perpetradas por alcaldes, concejales, promotores, constructores y particulares, camparon a sus anchas durante años, con total impunidad. El resultado es un territorio invadido de atropellos constructivos, algunos en espacios protegidos, y una geografía caracterizada por el desorden urbanístico. En los ochenta se transfirieron a Galicia las competencias en esta materia. Y desde entonces hasta el 2007, pese a la multitud de desmanes esparcidos por la comunidad, solo se produjeron nueve demoliciones ejecutadas por la Xunta y todas en suelo rústico, donde tiene competencias. Hasta entonces, el resto de derribos -algunos de gran impacto, como el edificio de la playa de Areoura (Viveiro), en el 2002- corrieron a cargo de la Dirección General de Costas.
Tras décadas en las que ha imperado la anarquía y una sensación generalizada de impunidad, en Galicia han comenzado en los últimos años a coger fuerza las demoliciones de construcciones ilegales. Y no tanto por parte del Ministerio de Medio Ambiente en lo que concierne a la costa -su ámbito de competencia- sino a la Administración gallega. Para comprender ese cambio hay que remontarse a la Lei do Solo del 2002, que establece por vez primera la prohibición de construir viviendas en suelo rústico y que recoge el desarrollo de un instrumento que puso en marcha el bipartito: la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). En el 2008 ejecutó solo siete derribos, al siguiente 32 y en este 2010 se han contabilizado ya 30. Si a esto se suman las demoliciones efectuadas por Costas desde el 2005 -40 entre naves y edificaciones, más 120 derribos de casetas, galpones y servicios de temporada- el resultado es que solo en el último lustro se han eliminado del paisaje gallego 229 edificaciones irregulares en el interior y en la franja costera.
Surge la duda de por qué los derribos empiezan a ejecutarse con regularidad en el 2008, años después de la aprobación de la normativa gallega de suelo. «Esto se explica, en parte, por el procedimiento: una vez que la vía administrativa es firme, los sancionados van al contencioso, con lo que los procesos se alargan hasta 6 años o más; ahora se están demoliendo edificaciones que vienen de procesos sancionadores iniciados en el 2003», explican desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
La Xunta recuerda que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio en la población. Y precisa que también hay casos de particulares que no acuden al contencioso y ciudadanos que optan por la demolición voluntaria.
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«Demolieron, sí, ¿pero para qué?, ¿para una autopista? Para nada»
Derribados tres chalés en O Son
Tras casi tres años de espera y de obras inconclusas, las máquinas derribaron los chalés ayer por la tarde por propia iniciativa de sus propietarios. Estos estaban apercibidos de una sanción que oscilaba entre los 60.000 a 600.000 euros. La delegación provincial del Servicio de Urbanismo e Inspección Territorial de la Xunta resolvió el 27 de septiembre de 2006 la paralización de la actividad de estas construcciones e incoar los expedientes de reposición de la legalidad urbanística.
Según la orden de ejecución, la demolición era la única solución ya que los tres chalés estaban situados en una zona costera paisajística a muy pocos metros de la playa careciendo de licencia. Las edificaciones constaban de bajo y una planta.
El permiso para galpón fue concedido por decreto de la alcaldía sonense de 9 y 25 de julio de 2001 y consistía en realizar tres edificaciones de 50 metros cuadrados. Los propietarios interpusieron recursos de reposición que fueron rechazados por la Consellería de Política Territorial.
El alcalde de O Son, Manuel Tomé Piñeiro, indicó que estas son las consecuencias del urbanismo que se estuvo practicando en este municipio durante el mandato del socialista Ramón Quintáns Vila, su antecesor en el cargo. "Ahora debe explicar las consecuencias que estas ejecuciones van a tener para los vecinos afectados", señaló el mandatario municipal sonense.
Por su parte, el responsable de Adega en Santiago, Fins Eirexas, señaló que en Porto do Son "hay casos muy evidentes de que están infringiendo la ley y no nos extraña que la Administración decida tirar algunas casas". El ecologista se preguntó ahora "de quién es la responsablidad de estos derribos... ¿del político que miró para otro lado o el propietario que asumió el riesgo que la Administración le pillara en un renuncio? Es un asunto muy complicado", concluyó. Lamentó, no obstante, que en último término sean los vecinos los que paguen las consecuencias "pero quien debe tomar nota es el Ayuntamiento que concedió licencias a sabiendas de que no iban a tener ese destino".
"Incumplir la ley tiene unas consecuencias", manifestó Fins Eirexas, "pese que en algunas ocasiones los propietarios obraron a buena fe mientras que la persona que les dio la licencia se va a ir de rositas sin pagar su responsabilidad".
En la actualidad hay 55 propietarios que están a la espera de que se resuelva su expediente y que seguramente en la mayor parte de los casos la decisión será la demolición. Estas viviendas se encuentran a muy poca distancia del mar.
Promotores desconocidos
En 33 casos figuraban en el expediente los promotores como desconocidos lo que retrasa, si cabe, aún más la emisión de una resolución. Entre las edificaciones expedientadas también figuraban unos inmuebles auxiliares de un camping, en Xuño, y un movimiento de tierras.
Al igual que Adega, el Partido Popular se interesó por aquel entonces, a través de su portavoz, Antonio González Groveiro, por la situación de estas viviendas que estaban infringiendo la ley de Costas en el municipio de Porto do Son.
Resulta cuando menos curioso que en su día el BNG y la señora Franco no se pronunciasen sobre estas construcciones, a pesar de que levantarse en su parroquia.
15 diciembre 2009
Fiscalía denuncia al gobierno de Quintáns por prevaricación
El caso hace referencia a la concesión de una licencia municipal en 2002 para la ejecución de un chalé de dos alturas. La construcción, de gran tamaño, está ubicada en un terreno no urbanizable de protección agropecuaria.
La Fiscalía del Área de Santiago remitió una denuncia al Juzgado de Instrucción de Noia en relación con unos hechos ocurridos en la corporación municipal de Porto do Son, al considerar que "pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación". El caso al que hace referencia la Fiscalía y del que ya dio cuenta este diario el 1 de noviembre de 2007 se concreta en la concesión de un licencia municipal, solicitada en el año 2002, para la ejecución de una vivienda unifamiliar de "gran tamaño", con piso bajo y dos alturas en la parroquia de Noal, en el municipio sonense, en las inmediaciones del campamento Virxe do Loreto.
La denuncia señala que la obra se llevó a cabo en un terreno en el que por su calificación urbanística (suelo urbanizable de protección agropecuaria) "no cabe este tipo de construcciones" y donde "las que se puedan realizan deberían vincular la explotación agrícola al terreno".
La Fiscalía hace responsable a los miembros de la comisión de gobierno del PSOE que por aquel entonces dirigía el Ayuntamiento de Porto do Son y al arquitecto municipal, "que decidieron e informaron, respectivamente, sobre la legalidad de la construcción".
La licencia fue aprobada por unanimidad por cinco de los seis componentes de la comisión de gobierno, que en aquella época estaba presidida por Ramón Quintáns, que ahora ocupa las concejalías de Cultura y Festexos. Además, estaba integrada por Javier Quiñoy (actualmente concejal independiente), María Luisa Abeijón, Isabel Tarrío, José Manuel Hermo y Joaquín Santamaría (que fue el único que no firmó el acta porque estaba ausente). Excepto Quintáns y Quiñoy el resto de los componentes no ocupan actualmente cargos políticos en este concello.
En 2007, la actual teniente de alcalde, la nacionalista Ánxela Franco, dijo que la concesión de esta licencia es "una anécdota" comparándola con el número de expedientes abiertos en este municipio por la Consellería de Política Territorial durante el mandato de Ramón Quintáns. Además, exigió al anterior alcalde, Manuel Tomé (PP), que "deje de jugar y tire de la manta caiga quien caiga".
JUSTIFICACIÓN
Informes técnicos
El entonces alcalde, Ramón Quintáns, justificó en noviembre de 2007 a este diario la concesión de la licencia para la construcción del chalé en una zona en la que sólo se permiten edificaciones agropecuarias alegando que se basó en los informes técnicos municipales
El Correo Gallego 15/12/2009
* La culpa nadie la quiso, por eso se quedó soltera.
Dejemos que la Justicia siga sus pasos, ya habrá tiempo suficiente para cargar tintas cuando todas las presunta irregularidades cometidas en O Son y otros ayuntamientos salten por los aires.
18 septiembre 2009
La Xunta ordena la demolición de otro chalé en Porto do Son
:ecg: | 17/09/2009
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ordenó la demolición de un chalé situado en Seráns, en Porto do Son, por carecer de autorización urbanística de la Xunta y licencia municipal. Al igual que los otros tres que ese organismo derribó en mayo en la playa de Boca do Río, la construcción había sido realizada con un permiso para un galpón de labranza.
El Consello Executivo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística impuso al propietario, Daniel Pego Montemuíño, una sanción de 333.334 euros por una infracción "moi grave", aunque éste prefirió demoler el inmueble que abonar dicha cantidad económica.
El 15 de enero de 2002, el anterior alcalde sonense, Ramón Quintáns, concedió una licencia a Daniel Prego para la construcción de un galpón de 49 metros cuadrados. El 8 de octubre de 2008 fue incoado un expediente sancionador por parte de la Xunta por una infracción urbanística "moi grave".
En enero de 2009, y después de presentar alegaciones, Daniel Prego entregó un escrito en el que reconocía que en la realización de la obra se excedió de la licencia urbanística municipal y solicitó un período de tiempo mínimo para llevar a cabo una demolición parcial. El 22 de abril la instructora del caso le imputó al interesado la comisión de una infracción urbanística muy grave, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada sin vinculación a una explotación agrícola o ganadera en suelo rústico y le impuso la sanción económica. Finalmente, el 1 de junio el propietario se comprometió a demoler totalmente el chalé, lo que ya se llevó a cabo.
Críticas a la gestión anterior
El alcalde, Manuel Tomé Piñeiro, señaló ayer que esta demolición es la "guinda" de la política urbanística que practicaba el anterior gobierno, encabezado por el socialista Ramón Quintáns. "Desgraciadamente, este caso no es el primero ni será el último de un largo episodio de irregularidades urbanísticas", apuntó.
En su opinión, el anterior regidor debería explicar "a qué se deben esas sentencias: si son debidas a mirar para otro lado o a la permisividad de dejar hacer". Tomé subrayó que "ahora vienen las consecuencias sobre los propietarios, que son los que sufren el desastre urbanístico de O Son y las cargas de irresponsabilidad de esta desfeita".
Para el actual mandatario municipal, "cada uno tiene que asumir su responsabilidad y, especialmente por el poco interés y desinformación del anterior equipo de gobierno, ahora vienen las consecuencias sobre los promotores y propietarios".
El Consello Executivo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística impuso al propietario, Daniel Pego Montemuíño, una sanción de 333.334 euros por una infracción "moi grave", aunque éste prefirió demoler el inmueble que abonar dicha cantidad económica.
El 15 de enero de 2002, el anterior alcalde sonense, Ramón Quintáns, concedió una licencia a Daniel Prego para la construcción de un galpón de 49 metros cuadrados. El 8 de octubre de 2008 fue incoado un expediente sancionador por parte de la Xunta por una infracción urbanística "moi grave".
En enero de 2009, y después de presentar alegaciones, Daniel Prego entregó un escrito en el que reconocía que en la realización de la obra se excedió de la licencia urbanística municipal y solicitó un período de tiempo mínimo para llevar a cabo una demolición parcial. El 22 de abril la instructora del caso le imputó al interesado la comisión de una infracción urbanística muy grave, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada sin vinculación a una explotación agrícola o ganadera en suelo rústico y le impuso la sanción económica. Finalmente, el 1 de junio el propietario se comprometió a demoler totalmente el chalé, lo que ya se llevó a cabo.
Críticas a la gestión anterior
El alcalde, Manuel Tomé Piñeiro, señaló ayer que esta demolición es la "guinda" de la política urbanística que practicaba el anterior gobierno, encabezado por el socialista Ramón Quintáns. "Desgraciadamente, este caso no es el primero ni será el último de un largo episodio de irregularidades urbanísticas", apuntó.
En su opinión, el anterior regidor debería explicar "a qué se deben esas sentencias: si son debidas a mirar para otro lado o a la permisividad de dejar hacer". Tomé subrayó que "ahora vienen las consecuencias sobre los propietarios, que son los que sufren el desastre urbanístico de O Son y las cargas de irresponsabilidad de esta desfeita".
Para el actual mandatario municipal, "cada uno tiene que asumir su responsabilidad y, especialmente por el poco interés y desinformación del anterior equipo de gobierno, ahora vienen las consecuencias sobre los promotores y propietarios".
Nota de la redacción.
Esta actuación tendrá próximamente una contestación.
