:lvg: | 3/5/2011
Promociones terminadas hace unos dos años en localidades como Boiro, Noia y Outes todavía disponen de inmuebles a la venta
Durante los primeros años del actual milenio, la construcción de pisos de protección autonómica alcanzó en la comarca niveles espectaculares. En el 2000, por ejemplo, el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) visó cerca de 200 domicilios, cifra que se incrementó hasta los 245 al año siguiente. La situación actual es muy distinta. Desde el 2009, el COAG no ha certificado ni una sola vivienda. Sin embargo, el problema no es únicamente que los promotores se encuentren con la negativa de los bancos a darles financiación, sino que tampoco hay potenciales clientes. De hecho, en Boiro, Outes y Noia hay bloques que llevan acabados al menos dos años y en los que todavía quedan pisos sin dueño.
Los promotores Antonio Liñayo, Tubío y José Romero coinciden en afirmar que uno de los problemas que dificulta la venta de los domicilios protegidos que les quedan, unos quince entre los tres, radica en el hecho de que los interesados deben disponer en metálico del 20% del importe total y del dinero correspondiente al IVA.
Dificultades económicas
Estos profesionales barbanzanos señalan que los interesados en comprar no pueden aportar las cantidades que se les reclaman y aluden a que antes existía mayor flexibilidad por parte de los bancos.
También discrepan con el sistema de adjudicación existente desde hace varios años. En este sentido, Lupe Tubío no duda en manifestar: «Antes había un proceso de funcionamiento mucho más sencillo». Sin embargo, Tubío destaca el hecho de que, por lo menos ahora se permite, previa solicitud, la venta directa, aunque el comprador debe estar igualmente inscrito en el registro de demandantes.
De una opinión muy similar es el constructor noiés Antonio Liñayo: «A venda directa é máis sinxela, aínda que o promotor se teña que ocupar de todo».
Tal y como está el mercado, y con el grifo de los bancos cerrado, las épocas en las que se visaban hasta un centenar de viviendas protegidas en un municipio, como ocurrió en el 2004 en Ribeira, quedan ya muy lejos.
Sin embargo, hay constructores que no tiran la toalla y consideran que no todo está perdido en el mercado de la edificación.
Este es el caso de Liñayo, que tiene adquirida una parcela, con un proyecto de 19 viviendas que dispone de licencia y calificación provisional para edificar pisos de protección autonómica. Su problema es que no consigue financiación por parte de las entidades bancarias y, mientras tanto, su actuación aguarda una oportunidad
Pequeñas empresas
Antonio Liñayo asegura que las pequeñas y medianas empresas constituyen el pilar económico de la comarca y que, sin embargo, son las grandes olvidadas: «Os pequenos estamos abandonados da man de Deus».
Alude a las dificultades para conseguir créditos, por «moito que diversos anuncios digan o contrario», e, incluso, señala que en enero pasado contrató a dos empleados y no tuvo ningún tipo de ayuda.
La boirense Lupe Tubío comentó que durante unos años su empresa hizo muchos pisos de protección autonómica, pero que en este momento se conforma con vender lo que tiene pendiente.
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«Deberíamos sentar as bases de futuro sobre o novo modelo construtivo»
«Non teño pensado volver facer vivendas protexidas e xa llo dixen á Xunta»
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Los promotores Antonio Liñayo, Tubío y José Romero coinciden en afirmar que uno de los problemas que dificulta la venta de los domicilios protegidos que les quedan, unos quince entre los tres, radica en el hecho de que los interesados deben disponer en metálico del 20% del importe total y del dinero correspondiente al IVA.
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