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Hace unos días el consejero delegado de la multinacional sueca Ikea, Mikael Ohlsson, en una entrevista con The Wall Street Journal, puso el dedo en la llaga más ulcerosa de esta carcomida piel de toro. Sus planes de expansión en España, que prevén la creación de 20.000 puestos de trabajo y serían un soplo de aire en el velero encalmado de la construcción, se ven frenados por la burocracia. Algo parecido a lo que en su día ocurrió con Pescanova y sucede a diario con miles de pequeñas empresas. No es que sea nada nuevo, pero me alegra que ciertos gurús, con altavoz mediático, apunten a los problemas de verdad de este país. Que para hablar de corbatas, estatutos y el «tú más» ya tenemos una legión de mediocres políticos. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que esos proyectos sean buenos o malos, pero sí que se deben contestar y tratar con celeridad.
Hace unos días me comentaba un amigo la cantidad de papeles que cubrió para dar de alta su industria en el registro correspondiente, además de las consiguientes docenas de fotocopias. Inocente .pregunté: ¿Sirve para algo toda esa información? Respuesta rauda «para justificar el sableo de 300 euros de vellón». Y esa es la triste realidad. El resultado de padecer un país con un ratio de funcionarios por habitante muy superior al de otros más avanzados. El despropósito de Administraciones superpuestas que para mantener su febril locura se endeudan más y más. Una situación que con cada nuevo equipo de gobierno empeora con la contratación de más funcionarios y, por extensión, la creación de nuevos comités, comisiones o departamentos.
Ya va siendo hora de llamarle a las cosas por su nombre. De exigirle a los partidos de derechas mayor consecuencia entre su papel en la oposición y el que desempeña cuando gobiernan. Y a los partidos de izquierdas, sindicatos e intelectuales esgayescos, que avancen de sus posiciones del siglo XX; que a los trabajadores hay que decirles la verdad, aunque esta les duela (Pablo Iglesias dixit). Que cuando el presidente de la CEOE, Juan Rosell, denuncia a los funcionarios prepotentes e incumplidores (sic) y pone de manifiesto la necesidad de que sean evaluados, está haciendo un diagnóstico acertado y recomienda una medicina efectiva. Y no hay que rasgarse las vestiduras.
En una ocasión que expresaba tal opinión, una funcionaria me dijo, como si ello fuese una licencia para todo, que ellos habían superado una oposición. Le contesté que en la función pública se supera una y en la empresa privada una cada jornada de trabajo. Por no entrar en el amplio porcentaje de funcionarios que accedieron a tal condición después de algunos contratos a dedo, para reunir los puntos que después le asegurasen el aprobado. Lo más triste es que de esto no habla Zapatero, Rajoy ni Rubalcaba. Tampoco lo hicieron, para los nostálgicos, González o Aznar. Ni los muchos presidentes de comunidades autónomas y diputaciones, o los miles de alcaldes que en esta España cañí son o han sido. Si tienen ocasión relean el Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra y verán que cerca estamos de 1833.
Hace unos días me comentaba un amigo la cantidad de papeles que cubrió para dar de alta su industria en el registro correspondiente, además de las consiguientes docenas de fotocopias. Inocente .pregunté: ¿Sirve para algo toda esa información? Respuesta rauda «para justificar el sableo de 300 euros de vellón». Y esa es la triste realidad. El resultado de padecer un país con un ratio de funcionarios por habitante muy superior al de otros más avanzados. El despropósito de Administraciones superpuestas que para mantener su febril locura se endeudan más y más. Una situación que con cada nuevo equipo de gobierno empeora con la contratación de más funcionarios y, por extensión, la creación de nuevos comités, comisiones o departamentos.
Ya va siendo hora de llamarle a las cosas por su nombre. De exigirle a los partidos de derechas mayor consecuencia entre su papel en la oposición y el que desempeña cuando gobiernan. Y a los partidos de izquierdas, sindicatos e intelectuales esgayescos, que avancen de sus posiciones del siglo XX; que a los trabajadores hay que decirles la verdad, aunque esta les duela (Pablo Iglesias dixit). Que cuando el presidente de la CEOE, Juan Rosell, denuncia a los funcionarios prepotentes e incumplidores (sic) y pone de manifiesto la necesidad de que sean evaluados, está haciendo un diagnóstico acertado y recomienda una medicina efectiva. Y no hay que rasgarse las vestiduras.
En una ocasión que expresaba tal opinión, una funcionaria me dijo, como si ello fuese una licencia para todo, que ellos habían superado una oposición. Le contesté que en la función pública se supera una y en la empresa privada una cada jornada de trabajo. Por no entrar en el amplio porcentaje de funcionarios que accedieron a tal condición después de algunos contratos a dedo, para reunir los puntos que después le asegurasen el aprobado. Lo más triste es que de esto no habla Zapatero, Rajoy ni Rubalcaba. Tampoco lo hicieron, para los nostálgicos, González o Aznar. Ni los muchos presidentes de comunidades autónomas y diputaciones, o los miles de alcaldes que en esta España cañí son o han sido. Si tienen ocasión relean el Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra y verán que cerca estamos de 1833.
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