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Lorena López remitió un informe al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia alertando de que ninguno los objetivos perseguidos con esta ley se cumplirá
Tajante y crítica, muy crítica. Así se muestra la jueza decana del partido judicial de Ribeira, Lorena López, ante el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial que pretende centralizar la Justicia en las capitales de provincia, eliminar los partidos judiciales y, por extensión, los juzgados que existen en el resto de ciudades y comarcas. Así lo notificó en un informe, consensuado con las otras dos juezas de Ribeira, y remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hace un año cuando este anteproyecto, ya aprobado por el Consejo de Ministros, no era más que un borrador. En su escrito, Lorena López no deja espacio para las dudas y califica de inviable esta propuesta.
La máxima responsable de la sede judicial ribeirense expone también que los objetivos que se persiguen en el documento actual -como son mejorar la calidad del servicio público de la Justicia y la atención al ciudadano, además de racionalizar la circunscripción territorial conforme a criterios estrictamente objetivos y predeterminados- no podrán cumplirse. La jueza decana hace especial hincapié en el agravio que supondrá para los ciudadanos esta iniciativa a la hora de realizar desplazamientos para acceder a la Justicia.
Lorena López pone también el acento en que la voluntad pretendida de que el desplazamiento desde los núcleos urbanos de población hasta la cabecera judicial no pueda exceder de una hora «es una voluntad meramente teórica y de imposible cumplimiento práctico». Ante este posible escenario, la jueza decana reitera que el servicio público de la Justicia en ningún caso mejora la calidad con el sistema que se pretende aprobar.
Características geográficas
«La idea apuntada no se acerca a la realidad de modo objetivo, pero tampoco lo hace teniendo en cuenta las especiales características geográficas de nuestro territorio y, mucho menos, los servicios de transporte público que en la mayoría de los casos no existen o son muy deficientes». Lorena López va más allá, y recuerda que el plazo teórico fijado de una hora de desplazamiento para llegar a la cabecera judicial está calculado para ciudadanos que cuenten con un vehículo particular, pero, en el caso de no tenerlo o no ser posible hacerlo, el único medio de transporte sería un servicio público. «El uso de un autobús implicaría que los tiempos mencionados aumentarían de forma considerable con el consiguiente gasto que ello generaría».
El rechazo argumentado por Lorena López en este informe -solicitado por el TSXG a todos los jueces decanos de Galicia hace un año aproximadamente- coincide con el discurso de abogados y procuradores en la comarca, que también subrayaron el perjuicio que este anteproyecto de ley supone, tal y como está redactado ahora, para la ciudadanía, que tendrá menos posibilidades para recurrir a la Justicia.
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