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El coste del proceso electoral supone un desembolso de 200.000 euros
Aproximadamente tres mil personas estarán mañana pendientes de que el proceso electoral transcurra con normalidad en la comarca. Desde miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hasta carteros o funcionarios de las distintas Administraciones, pasando por representantes de partidos políticos o simples ciudadanos a los que les ha tocado formar parte de alguna de las 167 mesas electorales que se constituirán.
Estos últimos representan, precisamente, el colectivo más numeroso al que le tocará madrugar. Son 1.503 personas -nueve por cada punto de votación- que deberán comparecer en el colegio electoral a las ocho de la mañana para la constitución de las mesas. Una vez completado este proceso, solo un tercio de ellos tomarán parte activa en la jornada, quedando el resto como suplentes.
El segundo grupo más importante, en cuanto a número, es el integrado por las personas que actuarán como interventores o apoderados de las formaciones políticas. En la comarca tienen esta acreditación casi medio millar, si bien los interventores deberán confirmarla cuando se constituya la mesa.
Precisamente, de dar cuenta de las incidencias que pudieran producirse o, en su caso, del normal arranque de la jornada, se ocupan casi un centenar de personas que realizarán las funciones de representantes de la Administración. Serán, además, los encargados de facilitar los avances de participación y de los resultados del escrutinio.
Todo este despliegue supone un desembolso económico que ronda los 200.000 euros, de los que la mayor parte se lo llevan las indemnizaciones a los miembros de las mesas. Cada uno cobrará 62,42 euros, y 70,42 los presidentes, además del gasto que genera su cobertura por parte de la Seguridad Social por ese día de trabajo.
Urnas y cabinas
Tampoco es despreciable la cantidad que se destina al transporte y colocación de urnas y cabinas -más de 150 euros por mesa- así como la indemnización a los miembros de la junta electoral, secretarios municipales o al personal colaborador.
No solo la Administración tendrá que rascarse el bolsillo, también algunas empresas e instituciones públicas harán frente a gastos derivados de la elección de alguno de sus empleados. La normativa establece que tanto los trabajadores por cuenta ajena como los que estén al servicio de las Administraciones públicas tendrán derecho a un permiso retribuido durante el día de votación, si es laborable para ellos. Del mismo modo, disfrutarán de una reducción de cinco horas en su jornada laboral del día siguiente. Los que tengan turno de noche tendrán derecho a cambiarlo.
Aproximadamente tres mil personas estarán mañana pendientes de que el proceso electoral transcurra con normalidad en la comarca. Desde miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hasta carteros o funcionarios de las distintas Administraciones, pasando por representantes de partidos políticos o simples ciudadanos a los que les ha tocado formar parte de alguna de las 167 mesas electorales que se constituirán.
Estos últimos representan, precisamente, el colectivo más numeroso al que le tocará madrugar. Son 1.503 personas -nueve por cada punto de votación- que deberán comparecer en el colegio electoral a las ocho de la mañana para la constitución de las mesas. Una vez completado este proceso, solo un tercio de ellos tomarán parte activa en la jornada, quedando el resto como suplentes.
El segundo grupo más importante, en cuanto a número, es el integrado por las personas que actuarán como interventores o apoderados de las formaciones políticas. En la comarca tienen esta acreditación casi medio millar, si bien los interventores deberán confirmarla cuando se constituya la mesa.
Precisamente, de dar cuenta de las incidencias que pudieran producirse o, en su caso, del normal arranque de la jornada, se ocupan casi un centenar de personas que realizarán las funciones de representantes de la Administración. Serán, además, los encargados de facilitar los avances de participación y de los resultados del escrutinio.
Todo este despliegue supone un desembolso económico que ronda los 200.000 euros, de los que la mayor parte se lo llevan las indemnizaciones a los miembros de las mesas. Cada uno cobrará 62,42 euros, y 70,42 los presidentes, además del gasto que genera su cobertura por parte de la Seguridad Social por ese día de trabajo.
Urnas y cabinas
Tampoco es despreciable la cantidad que se destina al transporte y colocación de urnas y cabinas -más de 150 euros por mesa- así como la indemnización a los miembros de la junta electoral, secretarios municipales o al personal colaborador.
No solo la Administración tendrá que rascarse el bolsillo, también algunas empresas e instituciones públicas harán frente a gastos derivados de la elección de alguno de sus empleados. La normativa establece que tanto los trabajadores por cuenta ajena como los que estén al servicio de las Administraciones públicas tendrán derecho a un permiso retribuido durante el día de votación, si es laborable para ellos. Del mismo modo, disfrutarán de una reducción de cinco horas en su jornada laboral del día siguiente. Los que tengan turno de noche tendrán derecho a cambiarlo.
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