«Nuestra corrupción local urbanística no tiene parangón»

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Este politólogo aboga por limitar el margen de maniobra del poder municipal y someterlo a una mayor fiscalización

Participante en la conferencia internacional sobre municipalismo celebrada recientemente en Galicia, José Fernández Albertos, doctor por Harvard e investigador del CSIC, es una de las pocas personas que han estudiado en España la corrupción a nivel local. Un asunto que en Galicia cobra máxima actualidad con todo lo acontecido en el caso de la operación Orquesta.

-Los expertos sostienen que un mayor nivel de descentralización del poder no implica mayores corruptelas, pero la sociedad empieza a vincularlo por la proliferación de casos...
-Hay un contraste con lo que sucede fuera. En el resto del mundo existe la percepción de que los niveles de gestión cercanos al ciudadano son los más transparentes y son los más democráticos. La anomalía española radica ahí, en que sucede lo contrario.

-¿Qué explica entonces esa singularidad?
-Eso estamos estudiando. Todo apunta a la capacidad, a la discrecionalidad de los poderes locales, al tipo de decisiones de los consistorios, sobre todo vinculadas al bum inmobiliario. Los alcaldes y ediles tienen en sus manos decisiones muy jugosas, de gran impacto en su territorio. Y son decisiones poco transparentes, que escapan al control. En esto se ha producido una asimetría. Nuestra corrupción local por urbanismo no tiene parangón con otros países.

-¿Cómo puede resolverse eso?
-Primero hacer las decisiones más transparentes y limitar el margen de maniobra de los alcaldes a asuntos fácilmente fiscalizables. Un colega mío, Víctor Lapuente, tiene un argumento muy contundente sobre cómo está España en el panorama comparado. La cantidad de puestos de trabajo que dependen aquí de unas elecciones locales, de un alcalde, es mucho mayor que en otros países europeos. Esa es otra anomalía que debe corregirse. Hay otra vía de solución: aumentar los mecanismos de control a niveles más altos de gobierno.

-¿Por ejemplo?
-Que las comunidades autónomas tengan más capacidad de intervenir en los planes de urbanismo. Esto resulta complejo, porque si las decisiones se toman entre distintos niveles de gobierno el ciudadano no va a ver claro quién es el responsable. Pero es preferible. En todo este asunto hay un problema adicional relacionado con el modelo municipal español.

-¿Y cuál es?
-El tamaño minúsculo de los ayuntamientos. Esto hace más difícil implantar mecanismos de control. La ley es muy generosa y flexible.

«La cantidad de puestos que dependen de unas elecciones locales es otra anomalía»

Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.

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La corrupción política

:lvg: | 25/9/2010

Hay tanta corrupción que muchos políticos condescendientes casi la justifican, diciendo que, dado que hay democracia, se sabe, mientras que en la dictadura se ocultaba. No estoy de acuerdo, los casos de Sofico, Matesa o Reace son un ejemplo de la corrupción más sonada del franquismo. La corrupción se tolera durante muchos años, hasta que revienta. Es tanta la que hay que parece normal.

Es demasiado para hacerle un seguimiento, y cuando se descubre es por peleas de rivalidad política, e incluso se calumnia sin que el calumniador, ni el calumniado sean requeridos por Ministerio Fiscal. Si el calumniado denuncia, muchos fiscales y algunos jueces no ven las pruebas que obran en la denuncia; tengo resoluciones que así lo acreditan negándose a celebrar el juicio. Con la ley en la mano son delitos, pero estos no lo son si no lo dice un juez. Igual que pasa con un muerto, no lo está mientras el médico no lo certifica.

Hay otros políticos que dicen que no se debe judicializar la política y yo digo que tampoco; para que eso no ocurra, los responsables políticos de las instituciones deberían respetar las leyes y no tomárselas por montera. Así se desatascarían los juzgados y los ciudadanos viviríamos mejor, ahorrándonos gastos de defensa. Si no fuera necesario judicializar la política sobrarían los tribunales de justicia, pero hay infractores y corruptos. Por eso son necesarios el Código de Circulación, el Código Penal...

Si los ciudadanos tienen que responder ante la justicia, ¿por qué no los políticos, que también son ciudadanos? La calidad de vida también es eso, que todo cargo público cumpla con su deber para bien de los ciudadanos, ya que les pagan con sus impuestos.

También son culpables los que miran para otro lado por el riesgo personal que pueden correr, no sería así si las reglas fueran su directriz. Mucho peor es el verdadero corrupto que aprovecha esa situación para despistar, llamándole corrupto al otro para marcarse un tanto y así pone a los honestos a su nivel; de ahí la famosa frase «todos los políticos son iguales», mientras que los honestos se quedan sin la honra y sin dinero, algo que nunca pensaron, mientras que el corrupto disfruta de lo robado y tiene más posibilidades de defenderse ante los tribunales; con su poder económico podrá contratar un ramillete de especialistas en un buen bufete de abogados. Hubo un diputado, no doy el nombre dado el tiempo transcurrido, pero fue de domino publico, que era el que más propuestas y enmiendas planteaba en el Parlamento contra la droga, después fue cogido en el barco con abundante carga de ese producto.

El político que sea honesto y luche por la legalidad y la transparencia acaba perdiendo. También conozco alguno. Falta cultura política desde arriba, dando ejemplo del cumplimiento de las leyes y del deber. Lo único que funciona bien es la recaudación por abajo, Hacienda y Tráfico, que también recauda. Los políticos hacemos puentes donde no hay ríos cuando estamos en la oposición, multiplicamos los panes y los peces olvidándonos al llegar al poder.

Los partidos políticos son las organizaciones donde todo está permitido, incluida la competencia desleal; interferimos en todas las instituciones del Estado para permanecer en el poder a base de colocar, no a los mejores, sino a los más serviles y simpáticos. No se premia la ética profesional, ni el trabajo. La democracia y el interés general se defiende cumpliendo el deber por ser los impuestos de los ciudadanos los que pagan, no quien los enchufa. Y los ciudadanos deben exigir buena gestión y buena administración de los fondos públicos, con honestidad.

Si no se cumplen estos fundamentales comportamientos, los votantes tenemos que retirarle la confianza, así como a los dirigentes de los partidos que los imponen. Para empezar bastaría con que se respetasen los artículos 6 y 9 de nuestra Constitución, entre otros.

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