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El verano pasado entró en vigor una nueva ordenanza que propició que se impusieran más de un centenar de sanciones
El verano ya ha comenzado oficialmente, y pese a que se esperaba su llegada como agua de mayo -aunque no es lluvia precisamente lo que hace falta-, suele traer aparejados algunos quebraderos de cabeza para las Administraciones. Al gasto que supone el necesario incremento de personal para atender los arenales, en lugares como Porto do Son también comienza a librarse la batalla anual contra el campismo libre. Durante los dos últimos años, Xunta y Concello tomaron medidas para acabar con esta práctica en lugares como el entorno del castro de Baroña, en este estío no será una excepción. No en vano, con la llegada del buen tiempo está previsto incrementar la vigilancia en los puntos de acampada habituales.
El ejecutivo local tiene previsto contratar a dos auxiliares que reforzarán el servicio de la Policía Local de Porto do Son para, precisamente, ayudar en las tareas de control en las zonas más sensibles por la presencia de personas acampadas ilegalmente.
A mediados de julio del año pasado entró en vigor una nueva ordenanza que prohíbe expresamente el campismo libre en todo el municipio, pero son tres los puntos en los que la vigilancia se reforzará de forma especial por tratarse de «sitios de referencia», explicó el alcalde sonense. Estos lugares en los que se registra una mayor incidencia del problema son el entorno del castro de Baroña, A Coviña y Queiruga.
A rajatabla
El regidor, Luis Oujo, también advirtió de que el reglamento de aplicará a rajatabla, y señaló que la normativa municipal permite acampar una noche «sempre con autorización municipal. A ordenanza implantouse o ano pasado e a estas alturas xa a coñece todo o mundo e a xente sabe que ten que vir polo Concello pedir permiso».
La norma entró en vigor a mediados de julio, y en las semanas siguientes hasta que se dio por concluida la temporada estival se impusieron entre 120 y 130 sanciones. Algunas fueron desestimadas al presentar alegaciones los afectados, pero la mayoría de los denunciados tuvieron que hacer frente a la multa. Al tratarse de una ordenanza recién aprobada, la mayoría de las infracciones que se impusieron se consideraron de carácter leve, penadas con entre 50 y 400 euros, aunque las muy graves pueden llegar a alcanzar los 3.000 euros.
El verano ya ha comenzado oficialmente, y pese a que se esperaba su llegada como agua de mayo -aunque no es lluvia precisamente lo que hace falta-, suele traer aparejados algunos quebraderos de cabeza para las Administraciones. Al gasto que supone el necesario incremento de personal para atender los arenales, en lugares como Porto do Son también comienza a librarse la batalla anual contra el campismo libre. Durante los dos últimos años, Xunta y Concello tomaron medidas para acabar con esta práctica en lugares como el entorno del castro de Baroña, en este estío no será una excepción. No en vano, con la llegada del buen tiempo está previsto incrementar la vigilancia en los puntos de acampada habituales.
El ejecutivo local tiene previsto contratar a dos auxiliares que reforzarán el servicio de la Policía Local de Porto do Son para, precisamente, ayudar en las tareas de control en las zonas más sensibles por la presencia de personas acampadas ilegalmente.
A mediados de julio del año pasado entró en vigor una nueva ordenanza que prohíbe expresamente el campismo libre en todo el municipio, pero son tres los puntos en los que la vigilancia se reforzará de forma especial por tratarse de «sitios de referencia», explicó el alcalde sonense. Estos lugares en los que se registra una mayor incidencia del problema son el entorno del castro de Baroña, A Coviña y Queiruga.
A rajatabla
El regidor, Luis Oujo, también advirtió de que el reglamento de aplicará a rajatabla, y señaló que la normativa municipal permite acampar una noche «sempre con autorización municipal. A ordenanza implantouse o ano pasado e a estas alturas xa a coñece todo o mundo e a xente sabe que ten que vir polo Concello pedir permiso».
La norma entró en vigor a mediados de julio, y en las semanas siguientes hasta que se dio por concluida la temporada estival se impusieron entre 120 y 130 sanciones. Algunas fueron desestimadas al presentar alegaciones los afectados, pero la mayoría de los denunciados tuvieron que hacer frente a la multa. Al tratarse de una ordenanza recién aprobada, la mayoría de las infracciones que se impusieron se consideraron de carácter leve, penadas con entre 50 y 400 euros, aunque las muy graves pueden llegar a alcanzar los 3.000 euros.
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