23 octubre 2011

Una decena de casos de asesinato ligados a Barbanza siguen abiertos


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En relación a cuatro misteriosas muertes ni siquiera hay detenidos en la actualidad

Guardia Civil y Policía Nacional coinciden al calificar a Barbanza como una zona tranquila y segura, pero ello no significa que sea un remanso de paz. Durante los últimos años, la comarca se ha visto ligada a trágicos crímenes con víctimas mortales de por medio. De hecho, una decena de estos casos continúan abiertos en la actualidad. En algunos de ellos, los presuntos culpables han sido detenidos y encarcelados, pero se encuentran a la espera de juicio. En otros, la incertidumbre es mayor pues, o no hay arrestos vigentes o, lo que es peor, ni siquiera existen pruebas para hablar claramente de asesinato.

En esta última situación se encuentra el caso mediático por excelencia, la desaparición de la compostelana María José Arcos. Ocurrió hace 15 años y su huella se perdió en Corrubedo. En un primer momento, ni siquiera hubo detenciones. Tras un largo tiempo de espera, el sumario dio un vuelco este mismo año, con el arresto de un amigo de la víctima, Ramiro Villaverde. Pese a que las fuerzas del orden se afanaron en la búsqueda de pruebas, rastreando incluso con un georradar las fincas del imputado, finalmente este quedó en libertad.

Misteriosa fue también la desaparición del boirense José Antonio Nine. Su cuerpo fue hallado bajo un puente de la autovía A-6, sobre el que estaba aparcado su coche. Desde un primer momento, la Guardia Civil dio por hecho que se trataba de un suicido y fueron las investigaciones llevadas a cabo por la familia las que evitaron que el caso fuera archivado. Hoy siguen esperando que se descubra la verdad.

Otras dos muertes, ambas de mujeres, están pendientes de resolución. Las víctimas son María Dolores Villar, natural de Santa Comba y hallada en la playa de Carnota; y Elena Calzadilla, viguesa cuyo cadáver fue encontrado en Porto do Son con golpes en la cabeza. Los dos casos tienen en común las detenciones de sus compañeros sentimentales y su posterior puesta en libertad.

Ajustes de cuentas

El oscuro mundo de las drogas está detrás de tres asesinatos sobre los que aún hay flecos pendientes. Dos de estos ajustes de cuentas ocurrieron este año. Se trata de la muerte a palos del ribeirense Fernando Vázquez Paz, Ferkins; y del fallecimiento a tiros del pobrense Juan Manuel Fariña Bretal. En ambos casos, los presuntos autores están en prisión, pero sin fecha de juicio fijada.

En una reyerta relacionada con las drogas fueron asesinados y luego descuartizados dos muradanos, Javier Toledo, Arroces, y Manuel Ramón Luces, Mon. Los dos principales sospechosos, Alberto Souto y José Ramón Blanco Vila, se culparon mutuamente, pero solo este último sigue en prisión.

A la espera de juicio están también Mirko S., autor confeso de la muerte del outiense Ramón Rúa Míguez, y la noiesa Mónica Juanatey, que también reconoció haber matado a su hijo de solo 6 años.

Los casos sin resolver son para las fuerzas del orden como espinas clavadas que nunca se olvidan pero sobre las que, en ocasiones, poco puede avanzarse. Así lo confirma el teniente de la Guardia Civil Francisco Javier Mira. Él ejerce provisionalmente de jefe de la compañía noiesa, en cuya área de influencia hay varios ejemplos de misterios sin resolver. Sobre ellos, el agente es contundente: «Ni la Guardia Civil ni la policía nacional dan nunca un caso por cerrado. En ocasiones, una confidencia repentina, los avances tecnológicos o una detención casual de alguien que no está fichado ayudan a resolver crímenes ocurridos años antes».

Y es que Mira Martínez está convencido de que los asesinos siempre cometen algún error: «El crimen perfecto no existe, pero a veces las investigaciones no son del todo acertadas». Por ello, asegura que los primeros pasos que se dan en el escenario en el que se cometen los delitos son fundamentales: «La recogida de pruebas en los primeros momentos de la investigación es decisiva, incluso la inspección ocular es sumamente importante».

El guardia civil reconoce que, en ocasiones, cuestiones ajenas a la investigación influyen negativamente: «Ayudan a la impunidad determinadas series televisivas, que sirven para dar pistas a los criminales, así como las filtraciones interesadas que, en ocasiones, reciben y publican los medios de comunicación».

Sobre los casos abiertos en Barbanza, explica que solo podrán darse por cerrados cuando prescriban los delitos por los que fueron abiertos. Eso sí, la realización de diligencias en un momento dado provoca la suspensión de este plazo.

Si revisamos las hemerotecas descubriremos que cada año, con la apertura del año judicial, se repiten las alusiones a los males endémicos de la Justicia y se hacen propósitos de enmienda y declaraciones de buenas intenciones. Los distintos gobiernos, fueran del tinte que fuesen, han concebido la Justicia como una carga o un mal necesario, y ninguno ha sido capaz de alcanzar la convicción de que la Justicia con mayúsculas es el eje sobre el que gira toda sociedad.

Todos los partidos han llevado en su programa la promesa de poner fin a la extrema lentitud de la Justicia, y sin embargo, cuando llegan al poder no se atreven a emprender una reforma que palíe el problema, y se han limitado a poner parches en las distintas normas procesales, y a legislar de forma compulsiva, sin prever los presupuestos y los medios necesarios para que las normas puedan ser efectivas (juicios rápidos, menores, violencia de género), y como consecuencia se genera una mayor carga de trabajo sobre los ya sobrecargados juzgados, sin que esto se traduzca en más medios. También se nos argumenta que la Justicia está anticuada, y que hay que apuntarse a la era digital, y aunque así sea, considero que lo más relevante para que la Justicia funcione es el factor humano.

Desconozco la fórmula para solventar este problema, pero considero que lo primero es concebir la Justicia como pilar básico de la sociedad, y a partir de ahí crear un sistema judicial con los medios necesarios. Promulgar una nueva ley de planta y demarcación judicial adaptada a la situación actual; leyes procesales que agilicen los procedimientos sin reducir las garantías para el justiciable; despolitizar el Poder Judicial para que goce de independencia; y cuidar el factor humano, de forma que los medios sean directamente proporcionales a la carga de trabajo, y que su designación no dependa solo de las dotes de memorización sino que se incida en la experiencia, conocimientos jurídicos prácticos, y lo fundamental, el sentido común. Solo así pondremos las bases para una Justicia ágil y de calidad.

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