:lvg: | 08/12/2009
No es de extrañar que entre los primeros condenados en España por un delito contra la ordenación del territorio figuren dos gallegos. Galicia fue pionera, allá por el inicio del siglo XXI, en la aplicación de los nuevos tipos urbanísticos introducidos en el Código Penal. Paradójicamente, uno de los condenados había construido su casa a 60 metros del mar en punta Langosteira (Arteixo), donde hoy se construye el mayor puerto energético de España. Aquellos que levantaron sus viviendas antes de 1995 se libraban de la nueva ley.
También fue por aquella época cuando comenzó el debate sobre el feísmo, en el que este periódico tuvo una actitud crucial en lo que respecta a crear conciencia sobre la calidad del paisaje urbano y rural. De hecho, la Xunta creó en septiembre de 1999 la Subdirección Xeral de Disciplina Urbanística y, en solo un año de actividad, ya había tramitado el derribo de 40 construcciones ilegales y se habían tramitado 355 expedientes por irregularidades constructivas y urbanísticas. Años después, no hay ni un solo rincón del territorio gallego que no tenga algún caso de vivienda ilegal, a veces amparadas por los propios concellos.
En los últimos años, la actividad judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estado detrás de la mayoría de las sentencias que implican el derribo de las construcciones al margen de la ley. Muchas veces no se llega al último eslabón de la ejecutoria, pues se alcanzan acuerdos extrajudiciales con los denunciantes o los concellos hacen lo posible por legalizar las viviendas en los nuevos planeamientos. A veces estos apaños son frustrados por la Justicia, como es el caso del intento de legalizar 1.500 viviendas en Vigo. En el caso de esta ciudad, ejecutar las múltiples órdenes de derribo -que incluso afectan a dos torres de 23 plantas- tendría un coste inasumible para las arcas municipales.
Si los derribos finalmente no se llevan a cabo, es muy difícil que los jueces hagan un seguimiento estricto de la ejecución de la sentencia, debido principalmente a la carga de trabajo que acumulan. En estos casos, suele ser el denunciante inicial el que reactiva el proceso.
Costas también ha protagonizado sonadas demoliciones, algunas con el espectacular empleo de la dinamita, como fue el caso del complejo hotelero a medio construir de la playa de Areoura, en Foz, derribado en el 2002. Otros ejemplos similares son el complejo de Caixa Galicia en Benquerencia, el edificio Barro de Viveiro, o el hotel de la playa de Ber (Pontedeume).
¿Es legal esa aberración que tenemos justo al lado de nuestro emblemático Castro de Baroña?.
¿Que pensaran los miles de turistas que cada año nos visitan de la "generosidad" que tuvieron nuestras autoridades?.
0 comentarios:
Publicar un comentario