:ecg: | 17/09/2009
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ordenó la demolición de un chalé situado en Seráns, en Porto do Son, por carecer de autorización urbanística de la Xunta y licencia municipal. Al igual que los otros tres que ese organismo derribó en mayo en la playa de Boca do Río, la construcción había sido realizada con un permiso para un galpón de labranza.
El Consello Executivo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística impuso al propietario, Daniel Pego Montemuíño, una sanción de 333.334 euros por una infracción "moi grave", aunque éste prefirió demoler el inmueble que abonar dicha cantidad económica.
El 15 de enero de 2002, el anterior alcalde sonense, Ramón Quintáns, concedió una licencia a Daniel Prego para la construcción de un galpón de 49 metros cuadrados. El 8 de octubre de 2008 fue incoado un expediente sancionador por parte de la Xunta por una infracción urbanística "moi grave".
En enero de 2009, y después de presentar alegaciones, Daniel Prego entregó un escrito en el que reconocía que en la realización de la obra se excedió de la licencia urbanística municipal y solicitó un período de tiempo mínimo para llevar a cabo una demolición parcial. El 22 de abril la instructora del caso le imputó al interesado la comisión de una infracción urbanística muy grave, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada sin vinculación a una explotación agrícola o ganadera en suelo rústico y le impuso la sanción económica. Finalmente, el 1 de junio el propietario se comprometió a demoler totalmente el chalé, lo que ya se llevó a cabo.
Críticas a la gestión anterior
El alcalde, Manuel Tomé Piñeiro, señaló ayer que esta demolición es la "guinda" de la política urbanística que practicaba el anterior gobierno, encabezado por el socialista Ramón Quintáns. "Desgraciadamente, este caso no es el primero ni será el último de un largo episodio de irregularidades urbanísticas", apuntó.
En su opinión, el anterior regidor debería explicar "a qué se deben esas sentencias: si son debidas a mirar para otro lado o a la permisividad de dejar hacer". Tomé subrayó que "ahora vienen las consecuencias sobre los propietarios, que son los que sufren el desastre urbanístico de O Son y las cargas de irresponsabilidad de esta desfeita".
Para el actual mandatario municipal, "cada uno tiene que asumir su responsabilidad y, especialmente por el poco interés y desinformación del anterior equipo de gobierno, ahora vienen las consecuencias sobre los promotores y propietarios".
El Consello Executivo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística impuso al propietario, Daniel Pego Montemuíño, una sanción de 333.334 euros por una infracción "moi grave", aunque éste prefirió demoler el inmueble que abonar dicha cantidad económica.
El 15 de enero de 2002, el anterior alcalde sonense, Ramón Quintáns, concedió una licencia a Daniel Prego para la construcción de un galpón de 49 metros cuadrados. El 8 de octubre de 2008 fue incoado un expediente sancionador por parte de la Xunta por una infracción urbanística "moi grave".
En enero de 2009, y después de presentar alegaciones, Daniel Prego entregó un escrito en el que reconocía que en la realización de la obra se excedió de la licencia urbanística municipal y solicitó un período de tiempo mínimo para llevar a cabo una demolición parcial. El 22 de abril la instructora del caso le imputó al interesado la comisión de una infracción urbanística muy grave, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada sin vinculación a una explotación agrícola o ganadera en suelo rústico y le impuso la sanción económica. Finalmente, el 1 de junio el propietario se comprometió a demoler totalmente el chalé, lo que ya se llevó a cabo.
Críticas a la gestión anterior
El alcalde, Manuel Tomé Piñeiro, señaló ayer que esta demolición es la "guinda" de la política urbanística que practicaba el anterior gobierno, encabezado por el socialista Ramón Quintáns. "Desgraciadamente, este caso no es el primero ni será el último de un largo episodio de irregularidades urbanísticas", apuntó.
En su opinión, el anterior regidor debería explicar "a qué se deben esas sentencias: si son debidas a mirar para otro lado o a la permisividad de dejar hacer". Tomé subrayó que "ahora vienen las consecuencias sobre los propietarios, que son los que sufren el desastre urbanístico de O Son y las cargas de irresponsabilidad de esta desfeita".
Para el actual mandatario municipal, "cada uno tiene que asumir su responsabilidad y, especialmente por el poco interés y desinformación del anterior equipo de gobierno, ahora vienen las consecuencias sobre los promotores y propietarios".
Nota de la redacción.
Esta actuación tendrá próximamente una contestación.
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